¿Pueden negarte la atención de emergencia si no tienes con qué pagar?

La frase, porque a veces es lo único que hay tiempo de leer

Estás en el mostrador. Te piden la tarjeta, un depósito o que firmes un pagaré antes de mover al paciente. Esto es lo que puedes decir, y está escrito casi con esas palabras en el artículo 6 del Decreto Supremo 027-2015-SA:

La IPRESS está obligada a prestar dicha atención, en tanto subsista el estado de grave riesgo para la vida y la salud, no pudiendo condicionar esta atención a la presentación de documento alguno, ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago.

IPRESS es el nombre técnico de cualquier establecimiento que presta servicios de salud: un hospital, una clínica, un centro médico, una posta. La frase cubre los tres casos que la gente encuentra en la puerta:

A quién obliga: a todos

El artículo 39 de la Ley General de Salud no deja margen:

Los establecimientos de salud sin excepción están obligados a prestar atención médico quirúrgica de emergencia a quien la necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida y salud.

Y el artículo 3 de la misma ley lo dice desde el lado del paciente: toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, atención médico-quirúrgica de emergencia cuando la necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o su salud. El reglamento repite la palabra: «Todos los establecimientos de salud, sin excepción».

Que la clínica sea privada no la deja fuera. El DS 027-2015-SA habla de «cualquier IPRESS pública, privada o mixta», y el DS 016-2002-SA, de establecimiento «público, no público o privado».

Nada de esto depende de tu nacionalidad ni de tu situación migratoria. Ninguna de las normas citadas aquí pone esa condición.

Qué cuenta como emergencia, y quién lo decide

La definición está en el artículo 3.1 del DS 016-2002-SA:

Es la que se presta en un establecimiento de salud a los pacientes que en forma repentina e inesperada presentan alteración de la salud, poniendo en peligro inminente la vida o grave riesgo para la salud y que requiere atención y procedimientos médicos y/o quirúrgicos inmediatos, empleando los recursos de personal, equipamiento y manejo terapéutico de acuerdo a su categoría.

El «estado de grave riesgo» que aparece una y otra vez en las normas es, según el mismo reglamento, el que pone en peligro inminente la vida o la salud o puede dejar secuelas invalidantes.

Quién lo califica importa tanto como la definición. El artículo 5 del reglamento:

La determinación de la condición de emergencia médica es realizada por el profesional médico encargado de la atención, bajo responsabilidad.

El DS 027-2015-SA lo dice otra vez: la emergencia la determina «únicamente por el profesional médico» y, excepcionalmente, si no lo hay en un establecimiento del primer nivel, el personal asistencial. Si quien te dice que lo tuyo no es una emergencia está detrás de un mostrador de admisión y no es médico, esa calificación no es suya.

El parto está dentro. La ley que introdujo esta obligación y su reglamento se llaman, literalmente, «emergencias y partos». El reglamento define «parto» y «proceso del parto», y su artículo 4 añade que en las emergencias obstétricas se incluye la atención del concebido o niño por nacer.

El aviso que debería estar en la pared

El mismo artículo 4 impone una obligación que casi nadie invoca: además de atender, el establecimiento debe «poner en conocimiento del público ese derecho en algún lugar visible de la zona de atención por emergencia».

Si miras alrededor y ese aviso no está, estás viendo un incumplimiento del reglamento. No resuelve tu emergencia, pero sí es algo concreto que anotar en el reclamo.

Primero atienden, después cobran — esto no es atención gratuita

Conviene decirlo claro para que nadie se sienta engañado después. La norma prohíbe condicionar, no prohíbe cobrar.

• El reembolso por la atención de emergencia «se realizará en forma posterior a la atención» (DS 016-2002-SA, art. 11). Si hay seguro, se le pide a la aseguradora; si no, a la persona atendida o a sus obligados legales.
• El cobro se activa cuando la persona «no presente ningún riesgo para su vida o su salud» (art. 12), y desde ese momento son el paciente o su familia quienes deciden en qué establecimiento sigue el tratamiento.
• El DS 027-2015-SA cierra igual: terminada la emergencia, la IPRESS pide el reembolso al seguro, y si la persona no está asegurada, «iniciará la gestión de cobranza de los gastos por la atención de emergencia, una vez culminada la misma».

El artículo 40 de la Ley General de Salud obliga al establecimiento a informarte las condiciones económicas de la prestación, pero exceptúa expresamente de la autorización previa «la atención de emergencia destinada a enfrentar la situación que pone en peligro inminente la vida o la salud del paciente». Es decir: te informan, pero no esperan tu firma para actuar.

Quién no paga nada

La calificación de indigencia la hace el servicio social del establecimiento, o quien haga sus veces, y se hace después de atendida la emergencia (DS 016-2002-SA, arts. 13 y 15). El reglamento enumera lo que se evalúa: edad, grado de instrucción, ocupación, condición laboral, ingresos, composición familiar, si tiene algún seguro, el tipo de vivienda, problemas sociales y enfermedades incapacitantes.

Pedir esa evaluación es un derecho. Si te presentan la cuenta sin haber pasado por el servicio social, pídelo por escrito.

Si el establecimiento no puede resolverlo

No puede devolverte a la calle. El DS 027-2015-SA: si la IPRESS «no contase con la capacidad resolutiva necesaria, deberá referirlo de inmediato a un establecimiento de mayor nivel». El DS 016-2002-SA añade el paso previo: el responsable de la atención debe asegurar la valoración médica, el tratamiento «o la estabilización de sus condiciones generales en caso necesiten ser transferidos», y cuando falta el especialista, convocarlo o transferir al paciente según las normas de referencia y contrarreferencia aprobadas por el MINSA.

Dónde reclamar y dónde denunciar

Son dos cosas distintas y conviene no confundirlas.

Reclamo — ante el propio establecimiento. Es la manifestación de insatisfacción del usuario frente a los servicios recibidos, y se presenta en el Libro de Reclamaciones en Salud, físico o virtual. El plazo máximo de atención del reclamo no excede de treinta días hábiles contados desde el día siguiente de su recepción. La tramitación es gratuita.

Denuncia — ante SUSALUD. Es la manifestación expresa sobre acciones u omisiones del establecimiento que puedan vulnerar los derechos de los usuarios. El propio título del DS 002-2019-SA fija el alcance: es el reglamento de reclamos y denuncias de los usuarios de IAFAS, IPRESS y UGIPRESS «públicas, privadas o mixtas». La clínica privada está dentro. El DS 002-2019-SA lo dice en seis palabras: «El trámite de denuncia es gratuito».

Del lado de la sanción, el Decreto Legislativo 1158 le da a SUSALUD amonestación escrita, multa de hasta 500 UIT, restricción de uno o más servicios de la IPRESS, cierre temporal de hasta seis meses y cierre definitivo.

Lo que esta página no hace

No te dice si tu caso es una emergencia: eso lo califica el médico. No reproduce el anexo de infracciones de SUSALUD, así que no afirmamos con qué gravedad se tipifica negar una emergencia. No publicamos teléfonos de SUSALUD que no hayamos podido confirmar en su propio portal. Y no trata ninguna vía penal.

¿Y si la clínica no paga la multa de SUSALUD?

Si tu denuncia termina en una sanción contra el establecimiento, esa multa puede quedar impaga. Explicamos qué pasa entonces en ¿qué pasa si una clínica no paga una multa de SUSALUD?.