Acoso escolar (bullying) en Perú: cómo denunciarlo en SíseVe y qué debe hacer el colegio

Lo primero, porque a veces es lo único que se alcanza a leer

No necesitas el permiso ni la iniciativa del colegio para reportar un caso de acoso escolar. El portal SíseVe (siseve.minedu.gob.pe) está definido oficialmente como una aplicación que “permite que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia escolar” — el propio estudiante, un padre o madre, un vecino, cualquiera que se entere. El colegio, por su parte, tiene la obligación legal de anotar cada caso que conoce en su Libro de Registro de Incidencias y de reportarlo también en SíseVe, sin esperar a que le convenga.

Qué es “acoso escolar” para la ley

La definición oficial, tomada del Reglamento de la Ley N.° 29719, es específica:

Es un tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes, con el objeto de intimidarlo o excluirlo, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia.

Dos palabras hacen el trabajo pesado: intencional y reiterada. Un conflicto puntual entre estudiantes no es, por definición, acoso escolar; el patrón repetido con intención de intimidar o excluir sí lo es.

La Ley N.° 29719, que da origen a todo este marco, tiene como objeto —en palabras del propio Estado— “diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas”.

No importa si pasó dentro del colegio, fuera de él, o por Internet

Esto sorprende a muchos padres: la definición oficial de violencia contra niñas, niños y adolescentes no se limita al patio del colegio.

Todo acto o conducta que atenta contra la integridad física, psicológica y/o sexual de una niña, niño o adolescente, la cual puede ocurrir dentro o fuera de la institución educativa, a través de Internet u otro medio de comunicación.

El ciberacoso —insultos, humillaciones o amenazas por WhatsApp, redes sociales o grupos de clase— cuenta igual que la violencia física en el aula, para efectos de reportarlo y de que el colegio actúe. Desde agosto de 2025, el Ministerio de Educación además actualizó los protocolos de atención (Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU) con una categoría específica dedicada a “bullying y ciberacoso” — una señal de que el Estado ya trata el acoso digital como su propio tipo de caso, no como un añadido del acoso presencial.

Qué debe hacer el colegio cuando se entera de un caso

El proceso de atención tiene una regla simple en su origen:

Todo caso de violencia escolar del que se tenga conocimiento es anotado en el Libro de Registro de Incidencias y reportado en el portal SíseVe. El reporte da inicio al proceso de atención y seguimiento.

A partir de ahí, el colegio sigue cuatro pasos: acción (entrevistas, medidas correctivas, acuerdos con las familias), derivación (si hace falta apoyo psicológico o médico externo), seguimiento (verificar que el hostigamiento haya cesado y que el estudiante mantenga su continuidad educativa) y cierre.

Dos obligaciones específicas recaen sobre personas concretas dentro del colegio:

• El director o directora debe “asegurar que la institución educativa esté afiliada al SíseVe y actualice periódicamente los datos del responsable”. No es opcional ni depende de que el colegio “se acuerde”.
• El responsable de convivencia debe “registrar, tanto en el portal SíseVe como en el Libro de Registro de Incidencias, los casos de violencia que se den en la institución educativa”.

Si el agresor no es otro estudiante

El marco legal distingue tres escenarios, y el segundo y el tercero cambian el procedimiento:

1. Entre estudiantes. Sigue el proceso de atención descrito arriba, liderado por el colegio.

2. Del personal del colegio hacia un estudiante. Aquí el caso no se queda solo en un reporte administrativo: la UGEL debe recibir la información “para fines del proceso administrativo disciplinario” ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD), bajo la Ley de Reforma Magisterial. Es un camino separado, con consecuencias que pueden llegar hasta la destitución, distinto del proceso entre estudiantes.

3. De un familiar o de un tercero ajeno al colegio. Este es el caso que menos se conoce, y el más importante de recordar: el colegio no puede limitarse a un reporte en SíseVe. La norma es explícita:

Es responsabilidad del personal de la institución educativa informar inmediatamente al director o directora, para que este realice la denuncia ante la autoridad competente (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público o Poder Judicial). En caso el director o directora omita cumplir con su responsabilidad, le corresponde al personal de la institución educativa que detectó la situación de violencia, realizar la denuncia ante la autoridad competente.

En otras palabras: si el director no actúa, la obligación de denunciar penalmente no desaparece — pasa a cualquier otro trabajador del colegio que se haya enterado.

Sobre las cámaras de videovigilancia en el colegio

Una reforma de 2023 (Ley N.° 31902) autorizó expresamente a los directores, coordinando con la Asociación de Padres de Familia (APAFA), a instalar cámaras de videovigilancia en áreas comunes del colegio para prevenir el acoso, resguardando la privacidad personal. La misma ley agregó la obligación de que cada colegio cuente con al menos un profesional de psicología. Si tu colegio usa cámaras como parte de su respuesta al bullying, tienes derechos específicos sobre esos datos — ver la página de videovigilancia enlazada abajo.

¿Hay una multa para el colegio que oculta un caso?

Esta es la pregunta más común, y la respuesta honesta es: no, al menos no como multa institucional fija. En abril de 2023 se presentó el Proyecto de Ley 4711/2022-CR. Su texto decía que, si el director y la institución educativa privada de educación básica ocultaban un caso reportado, era una infracción muy grave «sancionable con multa de cien UIT». Para el docente que ocultara el caso, proponía la inhabilitación para la función pública «por un período no menor de diez (10) años». El proyecto tuvo dictamen de la Comisión de Educación el 25 de junio de 2025, pero no llegó a votarse en el Pleno y, al 30 de setiembre de 2026, no figura entre los proyectos del nuevo Congreso (periodo 2026-2031). No es ley.

Lo que sí existe hoy, y que muchas familias no usan porque no lo conocen, es la vía disciplinaria individual: si el personal del colegio (no la institución como tal) incumple su deber de reportar o actuar, esa conducta puede derivarse al CPPADD de la UGEL para un proceso administrativo disciplinario bajo la Ley de Reforma Magisterial. No es una multa en soles, pero sí es una consecuencia real con nombre y apellido.

Si el colegio no actúa

Empieza por la UGEL de tu zona: el colegio tiene el deber de coordinar con ella todo lo relacionado a la gestión de la convivencia escolar, y la UGEL puede exigir que el colegio cumpla con sus obligaciones de registro y atención. Si eso tampoco resuelve el problema, la Defensoría del Pueblo puede recibir tu queja contra la entidad educativa que incumple.