Reporte negativo en Infocorp y otras centrales de riesgo: cuánto tarda en actualizarse y cuándo puede verlo un empleador

El error de fondo: pensar que un reporte negativo es un castigo indefinido y sin reglas

Cuando alguien paga una deuda y sigue apareciendo como moroso en Infocorp, es fácil asumir que no hay plazo, que “así funciona” o que hay que esperar sin más. En realidad, la ley peruana fija plazos concretos, en días hábiles, para cada paso de la cadena que va desde tu pago hasta que tu reporte se actualiza. También fija límites claros sobre quién puede revisar ese reporte y para qué.

Las centrales privadas de información de riesgos —las CEPIR, de las cuales Infocorp es la más conocida, junto con otras como Equifax o Sentinel— operan en el Perú bajo un marco que el país estableció en 2001 (Ley 27489). Esta página no cita artículos específicos de esa ley base porque no se pudo verificar un texto oficial limpio de sus artículos en esta revisión; en cambio, se construye enteramente sobre dos leyes recientes que sí se verificaron directamente y que son, además, las que resuelven las dudas más prácticas y actuales.

Qué puede contener tu reporte de crédito

La Ley 31944 redefinió legalmente qué es un “reporte de crédito”, y puso un límite claro a su contenido:

“Reporte de crédito.- Toda comunicación escrita o contenida en algún medio proporcionada por una CEPIR con información de riesgos referida a una persona natural o jurídica, identificada. Dicha comunicación no puede contener juicios de valor, dictámenes u opiniones que sean de naturaleza subjetiva referidos a la persona natural o persona jurídica.”

Es decir: tu reporte solo puede reflejar información objetiva de riesgo —montos, fechas, si pagaste o no— nunca una opinión o valoración subjetiva sobre ti como persona.

Los plazos cuando pagas una deuda o ganas un reclamo — y por qué hay que pedirlos

Aquí está la parte que más preguntas genera: ¿cuánto tiempo, legalmente, puede tomar que un pago se refleje? La respuesta corta es que ningún plazo corre solo desde la fecha del pago: el texto exacto del artículo 13 de la Ley 32327 condiciona ambos plazos a una solicitud.

El artículo 13.1 dice que, una vez que regularizas o pagas una deuda, la entidad financiera, a solicitud del deudor y en un plazo de 7 días hábiles contados desde la fecha de esa solicitud, te emite la constancia de la regularización. El artículo 13.2 es un mecanismo aparte: mientras se actualiza la información en la Central de Riesgos por el canal ordinario, a solicitud del cliente, la SBS tiene otros 7 días hábiles contados desde esa solicitud para informar de la regularización a las empresas del sistema financiero y a las centrales privadas de información de riesgos (CEPIR) directamente. No es que la entidad avise automáticamente a la SBS dentro de los mismos 7 días, ni que la SBS tenga un plazo separado que corra solo: son dos solicitudes distintas, cada una con su propio conteo de 7 días hábiles desde que la haces.

Lo mismo ocurre si ganaste un reclamo por un consumo que no reconoces: el artículo 14 establece que, una vez resuelta la investigación a tu favor, la entidad tiene el mismo plazo de 7 días hábiles para informarte a ti y a la SBS. A partir de ahí aplica el mismo esquema del artículo 13.2: si solicitas que la SBS avise a la CEPIR, corre otro plazo de 7 días hábiles desde esa solicitud.

El último eslabón lo pone el artículo 2, que modificó el artículo 42.3 de la Ley 29571 (el Código de Protección y Defensa del Consumidor): una vez que la central de riesgo —Infocorp, por ejemplo— recibe la información pertinente, tiene solo 2 días hábiles para actualizar tu reporte.

En conjunto, si haces ambas solicitudes y cada plazo se usa al máximo, el proceso completo —desde que las pides hasta que tu reporte queda actualizado— puede tomar hasta unas dos semanas hábiles; pero ese reloj empieza a correr cuando tú lo activas con la solicitud, no automáticamente desde el día del pago. Estos plazos no son teóricos ni recientes: la Ley 32327 se publicó el 10 de mayo de 2025 y sus artículos entraron en vigencia 90 días calendario después, es decir, desde aproximadamente agosto de 2025.

Qué puede y no puede hacer un empleador con tu reporte de crédito

La Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 31944 pone dos límites muy concretos a cualquier institución del Estado o empresa privada que quiera revisar el reporte de crédito de un candidato a un puesto de trabajo:

“Las instituciones del Estado o empresas privadas o públicas convocantes a puestos de trabajo que deseen revisar el reporte de crédito de sus candidatos deberán obtener, bajo apercibimiento, el permiso por escrito del postulante en el que se exprese de manera indubitable su conformidad. En cualquier caso, el reporte de crédito del candidato no podrá ser causal de su exclusión o descalificación en cualquier fase de la convocatoria, por constituirse en un acto discriminatorio.”

Primero: necesitan tu permiso escrito e inequívoco antes de siquiera consultarlo. Segundo, y más importante: aunque lo consulten con tu permiso, no pueden usarlo para descartarte en ninguna etapa del proceso de selección — la propia ley califica hacerlo como un acto discriminatorio.

Esta regla tiene una excepción explícita, que la misma disposición señala:

“Se excluyen de los alcances de la presente disposición complementaria final la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y la Superintendencia del Mercado de Valores, así como las entidades reguladas o supervisadas por estas superintendencias.”

Es decir, la SBS, la SMV, y las entidades que ellas regulan o supervisan (como bancos, financieras, aseguradoras y AFP) sí pueden considerar el reporte de crédito como parte de sus procesos de selección, por la naturaleza de su actividad.

Extranjeros

Estas reglas se aplican a cualquier persona con historial crediticio registrado por una CEPIR peruana, sea peruana o extranjera — por ejemplo, si tienes una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o un préstamo con una entidad financiera que opera en el Perú. Los mismos plazos de actualización y las mismas restricciones sobre el uso laboral del reporte aplican sin distinción de nacionalidad.