¿Qué pasa si una empresa no paga una multa de OSIPTEL?

El punto de partida: la multa tiene que quedar firme

Antes de hablar de cobranza forzosa hay que aclarar algo: OSIPTEL no puede embargar a una empresa por una multa que todavía está en discusión dentro de la vía administrativa. La resolución sancionadora queda firme cuando la empresa no apela dentro del plazo que tiene para hacerlo, o cuando el Tribunal de Apelaciones de OSIPTEL resuelve la apelación confirmando la sanción. Recién en ese momento la deuda se vuelve exigible y puede pasar a cobranza coactiva.

¿OSIPTEL tiene su propio procedimiento de cobro o usa la ley general?

Esta es la primera pregunta que hay que resolver, porque no es igual para todas las entidades públicas. En el caso de OSIPTEL, la propia norma que regula sus sanciones —el Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS)— remite expresamente al procedimiento de cobranza coactiva para exigir el pago: “la exigencia del pago de las multas podrá ser efectuada de acuerdo al procedimiento de cobranza coactiva”. Ese procedimiento general es el que establece la Ley N.° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que según su artículo 1 “establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que corresponde a todas las entidades de la Administración Pública”. Es decir: al igual que ocurre con Sunafil, OSIPTEL no inventa un procedimiento propio desde cero, sino que aplica el mismo marco general que rige para el resto del Estado, con un ejecutor coactivo designado dentro de la propia entidad.

Cómo empieza la cobranza forzosa

Una vez firme la multa, si la empresa no paga, OSIPTEL emite una Resolución de Ejecución Coactiva. Esta resolución se notifica al deudor y contiene un mandato de cumplimiento. Según el artículo 14 de la Ley N.° 26979, el obligado tiene siete (7) días hábiles desde la notificación para cumplir con el pago; si no lo hace dentro de ese plazo, el ejecutor coactivo queda habilitado para dictar medidas de cobro forzoso. Este plazo de 7 días hábiles es el dato más concreto y verificado que existe sobre “cuánto tiempo tiene una empresa para pagar” antes de que empiece el embargo propiamente dicho.

El cambio de 2026: la demanda judicial ya no congela el cobro

Aquí está la particularidad más importante que distingue a OSIPTEL de otros reguladores, y es reciente: el Decreto Legislativo N.° 1718, publicado el 7 de febrero de 2026, incorporó el artículo 35-A a la Ley N.° 27336 (la ley que desarrolla las funciones de OSIPTEL). Según fuentes especializadas que reproducen su texto y coinciden en el contenido —un despacho de abogados (Garrigues) y medios de economía y derecho (Gestión, Infobae)—, esta norma establece que la suspensión de la cobranza coactiva ya no procede por el solo hecho de presentar una demanda judicial contra la sanción. Antes, muchas empresas de telecomunicaciones usaban esa vía para posponer el pago mientras el litigio avanzaba, a veces durante años. No pudimos confirmar el texto exacto directamente en el portal oficial de El Peruano (la búsqueda directa dio error), así que este punto se mantiene como reportado, aunque con buen respaldo de múltiples fuentes independientes que coinciden entre sí.

La única forma de pausar el cobro: la carta fianza

Según esas mismas fuentes, para lograr que la ejecución coactiva se suspenda mientras dura el proceso judicial, la empresa debe presentar una carta fianza bancaria que cumpla varias condiciones: debe ser emitida por un banco de primer orden supervisado por la SBS, ser irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata a solo requerimiento de OSIPTEL, cubrir el monto total sujeto a cobranza coactiva, y tener una vigencia mínima de un año, renovable dentro de los 15 días hábiles previos a su vencimiento mientras el juicio siga abierto. Si la empresa gana el juicio, la fianza no se ejecuta; si OSIPTEL gana, el banco debe pagar de inmediato. Si la empresa no entrega la carta fianza, queda obligada a pagar la multa de inmediato, sin que el juicio pendiente se lo impida.

Qué puede embargar el ejecutor coactivo

Si la empresa no paga ni presenta la carta fianza, el ejecutor coactivo cuenta con las medidas de embargo que enumera el artículo 33 de la Ley N.° 26979: intervención (en la recaudación, en la información o en la administración de bienes de la empresa), depósito o secuestro conservativo sobre bienes, inscripción de la medida en Registros Públicos u otro registro cuando se trate de bienes inscribibles, y retención sobre cuentas corrientes, depósitos, valores y otros fondos de la empresa en entidades financieras. En la práctica, para una empresa de telecomunicaciones, la retención de cuentas bancarias suele ser la medida más disruptiva y rápida de ejecutar.

¿Hay forma de pagar en cuotas?

Esta es una de las preguntas más frecuentes y, con la información disponible, no hay una respuesta clara a favor de la empresa. A diferencia de lo que ocurre con deudas tributarias ante Sunat, donde existe un régimen de fraccionamiento bastante conocido, no se encontró en el RGIS de OSIPTEL, en la Ley N.° 27336 ni en la Ley N.° 26979 (para el caso específico de multas administrativas, no tributarias) un derecho expreso de la empresa a solicitar el pago fraccionado de una multa de OSIPTEL. Puede que en la práctica se negocien acuerdos puntuales, pero no hay evidencia pública verificada de un procedimiento reglado para ello, así que este punto queda marcado como una laguna de información, no como una respuesta negativa definitiva.

Lo que no se pudo confirmar

Dos preguntas quedaron sin respuesta verificada y conviene decirlo con claridad en lugar de inventar una respuesta cómoda. Primero, no se encontró evidencia de que OSIPTEL reporte las multas impagas de una empresa a centrales de riesgo crediticio (como ocurre a veces con otras deudas). Segundo, no se encontró una norma que vincule el simple impago de una multa con la pérdida automática de la concesión o licencia de un operador; eso sería un asunto regulado, en todo caso, por la Ley de Telecomunicaciones y no apareció confirmado en las fuentes revisadas para este artículo. Ambos puntos se dejan fuera del cuerpo principal por falta de respaldo, no porque se hayan descartado.

En resumen

OSIPTEL no tiene una cobranza forzosa completamente distinta a la del resto del Estado: usa la Ley N.° 26979 como todos, con el ejecutor coactivo de la propia entidad, plazos de 7 días hábiles y las mismas cuatro modalidades de embargo. Lo verdaderamente propio de OSIPTEL, y muy reciente, es la exigencia de una carta fianza bancaria para que una demanda judicial logre pausar el cobro, una regla pensada específicamente para evitar que las grandes operadoras usen el litigio como estrategia para retrasar el pago de multas millonarias.

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